Un médico que fue prohibido por cuestionar la seguridad de las vacunas y la confiabilidad de las pruebas PCR ganó un importante caso ante un Tribunal Superior. Después de cuestionar la eficacia del uso de mascarillas en un video publicado en Instagram y Twitter en junio de 2021, el Dr. Samuel White había recibido una suspensión de 18 meses por parte del Consejo Médico General del Reino Unido.
En el video, White explicó la razón por la que ya no podía tolerar trabajar en sus roles anteriores debido a las «mentiras» en torno al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y la respuesta del gobierno a la pandemia, que eran «tan vastas» que ya no podía «soportarlas».
White también comentó que «las mascarillas no hacen nada» para detener la propagación de COVID, y se consideró como el pecado máximo, ya que esta fue la opinión médica de consenso al comienzo de la pandemia antes de que misteriosamente cambiara casi de la noche a la mañana.
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Además de cuestionar la eficacia de las mascarillas, el médico también expresó su preocupación por la seguridad de las vacunas y la confiabilidad de las pruebas PCR para diagnosticar COVID.
White llevó su caso contra el General Medical Council (GMC) ante el Tribunal Superior sobre la base de su libertad de expresión «para participar en debates y discusiones médicos, científicos y políticos», dijo el abogado de White, Francis Hoar, en una audiencia en los Tribunales Reales de Justicia.
Hoar agregó que las opiniones de White estaban «respaldadas por grandes cuerpos de opiniones científicas y médicas» y habían sido «declaraciones de hechos y opiniones sobre intervenciones farmacéuticas y no farmacéuticas en respuesta a la pandemia».
Alexis Hearnden del GMC afirmó que las opiniones de White representaban un «riesgo» para el público porque no se alineaban con los pronunciamientos oficiales y también eran desinformación.
Sin embargo, afirmando que a White se le prohibió hablar y que esto había violado la Ley de Derechos Humanos de 1998, este falló a favor de él.
El fallo concluyó que la decisión del tribunal fue «un error de derecho y una clara mala dirección», lo que significa que la decisión fue «claramente incorrecta y no puede sostenerse».
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